El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló una acción de tutela a favor de Jéssica Alejandra Pinzón Jiménez, exsecretaria administrativa de la Alcaldía, quien fue retirada de su cargo tras la llegada del alcalde designado Fredy Cáceres Arismendy.
La desvinculación se formalizó mediante la Resolución No. 003738 del 25 de octubre de 2025, pese a que Pinzón Jiménez se encontraba bajo protección constitucional reforzada, al ser madre lactante de una menor de edad. El juez concluyó que su despido vulneró derechos fundamentales como el trabajo, la estabilidad laboral reforzada y la lactancia materna, todos amparados por la Constitución y la ley.
Este fallo se suma a una serie de cuestionamientos sobre la forma en que Cáceres Arismendy asumió el cargo, realizando remociones sin considerar las garantías legales de quienes ocupaban funciones públicas. La decisión judicial no solo ordena el restablecimiento de derechos, sino que deja en evidencia los riesgos de gobernar sin medir las consecuencias jurídicas de los actos administrativos.
¿Gobernar como “aspiradora”?
La tutela revive el debate sobre el estilo de algunos mandatarios encargados que, al asumir funciones, actúan como si el cargo fuera una escoba arrasadora, ignorando límites legales y humanos. ¿Cuántos fallos más se necesitan para que se entienda que el poder público no habilita el atropello?








