Bogotá, 18 de diciembre de 2025. – La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento intramural contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), en el marco del proceso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión, tomada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, desestimó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría. Según la togada, esta medida no puede considerarse principal, sino subsidiaria, por lo que ordenó el traslado inmediato de los exfuncionarios a un centro carcelario.

Bonilla y Velasco son investigados por su presunta participación en el direccionamiento de millonarios contratos de la UNGRD y el Invías, que habrían sido utilizados para favorecer intereses políticos y asegurar apoyos legislativos. La Fiscalía sostiene que ambos exministros ejercían control directo sobre los recursos públicos comprometidos, lo que agrava su situación jurídica.

El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por el perfil de los implicados, sino por el contexto de impunidad que rodea otros procesos similares. Mientras algunos celebran la decisión como un mensaje de que la justicia puede alcanzar incluso a las altas esferas del poder, otros cuestionan la selectividad de las instituciones de control, recordando casos como el de Emilio Tapia, Nicolás Petro o el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, que siguen sin sanciones ejemplares.

En medio del escándalo, la ciudadanía exige respuestas más contundentes y coherentes por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones, ante lo que muchos consideran una justicia a medias y una institucionalidad debilitada por la “mermelada” y los pactos políticos.