Con la publicación de la Sentencia C-340 de 2025, la Corte Constitucional respaldó la estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, aprobada por el Congreso en junio de 2024. Esta decisión despeja el camino para la sanción presidencial de la ley estatutaria y marca un hito en el acceso a la justicia especializada para el campo colombiano.
La nueva jurisdicción, creada por el Acto Legislativo 03 de 2023, busca resolver de manera ágil y equitativa los conflictos relacionados con la tierra, la producción agraria y el uso del territorio. Su implementación responde a compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz, que exige mecanismos eficaces para garantizar seguridad jurídica y equidad rural.
¿Qué decidió la Corte?
En su revisión del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Senado – 360 de 2024 Cámara, el alto tribunal determinó:
• Constitucionalidad de la mayoría de los artículos del texto legislativo.
• Inconstitucionalidad de los artículos 4 y 5, por violar el principio de unidad de materia.
• Constitucionalidad condicionada de los artículos 3 y 8, con ajustes clave:
• Los concursos para jueces y magistrados deberán incluir contenidos sobre derechos del campesinado y enfoques diferencial, territorial, étnico y de género.
• El Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto armado.
¿Por qué es una decisión histórica?
La Corte reafirmó que el campesinado es sujeto de especial protección constitucional y que el Estado debe acercar la justicia al territorio rural. Esta jurisdicción especializada permitirá resolver disputas sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra, fortaleciendo la paz territorial y la seguridad jurídica en zonas históricamente excluidas.
¿Qué sigue?
Con este aval, el Congreso debe culminar el proceso legislativo iniciado en 2022, aprobando la ley ordinaria que asignará competencias y permitirá la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria. Mientras tanto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, permanece en el recinto de la Cámara de Representantes, a la espera del debate sobre la iniciativa.
“Llevamos más de tres semanas esperando que la plenaria asuma la discusión (…) se está bloqueando la posibilidad de que Colombia tenga justicia agraria”, denunció la ministra, quien impulsa la campaña #JurisdicciónAgrariaYa.
La justicia agraria no es un favor: es una deuda histórica con el campo colombiano. Esta decisión de la Corte abre una puerta que no puede volver a cerrarse. Que el Congreso escuche el clamor de las comunidades rurales y convierta esta estructura en una realidad viva, eficaz y transformadora.
