La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la grave crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Según su más reciente informe, con corte al 31 de diciembre de 2024, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan pasivos por más de $32,9 billones, lo que compromete la sostenibilidad del modelo y pone en riesgo la atención de millones de usuarios.
El panorama es desolador: de las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los requisitos financieros mínimos —capital, patrimonio e inversión en reservas técnicas— y apenas cubren al 10,9 % de los afiliados. El restante 89 % de la población está afiliada a EPS sin solidez financiera, lo que se traduce en demoras para acceder a citas médicas, entrega de medicamentos, autorizaciones de exámenes y tratamientos especializados.
Impacto en Santander: hospitales en asfixia financiera.
En el departamento de Santander, la situación no es menos crítica. Clínicas y hospitales como el Hospital Internacional de Colombia (HIC) y la Clínica San Luis han reportado deudas millonarias por parte de las EPS, lo que ha llevado incluso a la suspensión de servicios para usuarios de entidades como la Nueva EPS. Esta última, según directivos médicos, adeuda más de $500 millones desde hace tres años solo a la Clínica San Luis.
Además, el recaudo por servicios prestados por las IPS en Santander no supera el 37 %, una cifra inferior al promedio nacional y que refleja la fragilidad del flujo de recursos en la región.
¿Cuántas EPS operan en Santander?
Actualmente, 29 EPS están habilitadas a nivel nacional, pero no todas tienen operación activa en Santander. Aunque no se ha publicado un listado oficial actualizado por departamento, se estima que entre 8 y 10 EPS prestan servicios en la región, incluyendo Nueva EPS, Sanitas, Sura, Famisanar, Coosalud, entre otras. Varias de estas entidades están bajo medida de intervención por parte del Gobierno Nacional.
Un modelo en cuidados intensivos
El informe de la Contraloría concluye que el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural, agravada por la falta de liquidez, el incumplimiento de requisitos financieros y la concentración de usuarios en EPS sin capacidad operativa. La deuda con operadores farmacéuticos asciende a $2,8 billones, lo que ha generado un aumento del 23 % en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) durante el último año.
“No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo”, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
