Con el respaldo unánime de la Cámara de Representantes, el Congreso de la República aprobó la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, marcando un hito en la política de educación superior del país. La reforma transforma el modelo de asignación presupuestal para las universidades públicas, al sustituir el tradicional ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), una herramienta que refleja con mayor precisión las dinámicas económicas del sector.
La votación, que culminó con 116 votos a favor, representa un paso decisivo hacia el fortalecimiento financiero de las instituciones estatales de educación superior. Mientras que el IPC en 2024 se ubicó en 5,2 %, el Ices alcanzó un 8,4 %, evidenciando la brecha entre la inflación general y los costos reales que enfrentan las universidades en rubros como salarios, infraestructura, tecnología y servicios.
De acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), los gastos operativos de estas instituciones crecen a un ritmo cercano al 9 % anual, lo que hacía insostenible el modelo anterior. Con esta reforma, se espera que los recursos públicos asignados respondan de manera más justa y eficaz a las necesidades reales del sistema.
La propuesta fue impulsada por la representante Jennifer Pedraza y contó con una activa participación de la comunidad académica. Estudiantes, docentes y directivos universitarios acompañaron el proceso legislativo desde las gradas del Congreso, aportando insumos técnicos y testimonios que visibilizaron las tensiones presupuestales que enfrentan las universidades en todo el país.
