El Gobierno Nacional de Colombia emitió el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que restringe el uso de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos de grabación a funcionarios de órganos de control durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo. Esta medida se aplica específicamente a miembros del Ministerio Público, como Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales y Fiscalía, prohibiéndoles estos aparatos en los puestos de votación entre las 8:00 am y las 4:00 pm, mientras realizan labores de vigilancia electoral o funciones propias.
La norma busca preservar la secreto del voto y evitar interferencias en las mesas de votación, según lo publicado por la Presidencia en su portal oficial DAPRE. Sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre las entidades afectadas. La Procuraduría y la Defensoría argumentan que la restricción les impide realizar supervisiones en tiempo real, lo que podría comprometer la transparencia y el control oportuno de irregularidades durante los comicios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso reconociendo fallos en el articulado y prometiendo correcciones rápidas al decreto, aunque hasta el momento no se han detallado cambios concretos. Esta disposición se suma a prohibiciones históricas para votar y jurados de mesa, establecidas en decretos anteriores como el 864 de 2018 y el 1702 de 2023, que permiten excepciones solo para cédulas digitales o periodistas acreditados por la Registraduría Nacional. La Registraduría ha reiterado que el uso de celulares en cubículos sigue vetado para todos los ciudadanos, bajo pena de sanciones.
La polémica surge a pocos días de las elecciones, en un contexto de alta sensibilidad política en el país, donde la vigilancia ciudadana y estatal es clave para la confianza en el proceso democrático. Analistas consultados destacan que, si no se ajusta pronto, el decreto podría generar tensiones en los sitios de votación y demandas legales de los órganos afectados. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la medida fortalezca la integridad del sufragio, aunque el debate sobre su alcance sigue abierto.
