Tibú – La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, encabezó esta semana una visita humanitaria al Catatumbo junto a la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, con el fin de verificar la situación de derechos humanos y facilitar la entrega de ayuda humanitaria en zonas gravemente afectadas por el conflicto armado.
La Comisión Humanitaria del Catatumbo recorrió los corregimientos de Versalles y Pacelli en Tibú, así como Filogringo y el casco urbano de El Tarra, donde la violencia ha dejado comunidades enteras aisladas y en confinamiento. También llegaron hasta la vereda Las Palmeras, en los kilómetros 14 y 16 de la vía Tibú–La Gabarra, una zona de alto riesgo por los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.
“La situación en el Catatumbo sigue crítica. Hay familias atrapadas sin posibilidad de huir, y otras que han llegado desplazadas a Cúcuta y Ocaña en busca de refugio”, alertó la defensora Iris Marín.
Durante el pronunciamiento conjunto, Monseñor Israel Bravo, obispo de la Diócesis de Tibú, y Brigitta Von Messling, representante de la Misión de Verificación de la ONU en Norte de Santander, respaldaron el llamado urgente al cese inmediato de las hostilidades por parte de los grupos armados y exigieron al Estado reforzar su presencia institucional para garantizar la atención integral a las comunidades afectadas.
La Comisión también denunció la destrucción de bienes civiles, el riesgo de minas antipersonal, y el uso de drones y confinamientos forzados que impiden la movilidad de la población y agravan la crisis humanitaria.
Llamado a la acción:
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con el acompañamiento a las víctimas y la exigencia de garantías para el ejercicio de sus derechos. Las organizaciones firmantes instaron a las autoridades locales, departamentales y nacionales a activar rutas de atención, protección y reparación, y a la comunidad internacional a mantener su presencia y vigilancia activa en la región.
