La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que modifica parcialmente el capítulo V del título III de la Ley 30 de 1992, específicamente los artículos 86 y 87, referentes a la financiación estatal de la educación superior pública.
La iniciativa, impulsada por el Partido MIRA, pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde deberá surtir dos debates adicionales para convertirse en Ley de la República. El proyecto contempla tres transformaciones sustanciales:
1. Nueva fórmula presupuestal: El cálculo de la base presupuestal dejará de estar atado a la inflación y se ajustará al índice de educación superior.
2. Inclusión de instituciones técnicas y tecnológicas: Se crea una base presupuestal específica para estas entidades, liberándolas de la dependencia de Asambleas departamentales y Concejos municipales.
3. Meta de inversión nacional: Se establece que la inversión en educación superior pública deberá alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
El senador Carlos Eduardo Guevara, vocero del Partido MIRA, destacó que esta propuesta busca garantizar que cada peso invertido se traduzca en más oportunidades, mayor calidad y un futuro digno para la juventud colombiana. “Comprometidos con la educación y con la juventud de Colombia, presentamos una propuesta que hoy es aprobada en el Senado”, afirmó.
Recursos condicionados a planes de mejora
Las universidades e instituciones beneficiadas recibirán los recursos bajo el compromiso de implementar planes orientados a:
• Reducir la deserción estudiantil, que supera el 32% en programas técnicos y tecnológicos.
• Fortalecer la formación docente, en respuesta a las demandas del 45% de los jóvenes que piden mejores maestros.
• Impulsar la investigación y la movilidad académica.
• Proteger el bienestar estudiantil, ante denuncias de violencia, problemas de transporte y salud mental (1 de cada 4 estudiantes).
• Modernizar la infraestructura tecnológica y avanzar en la transformación digital.
Contexto y urgencia
En Colombia existen 34 universidades oficiales y 33 instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Sin embargo, el 43% de los jóvenes no logra acceder a la educación superior, y el déficit histórico de las universidades supera los $10 billones.
La propuesta también contempla mecanismos de presupuestos participativos y control ciudadano para garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Este proyecto representa un avance crucial para Santander, donde la Universidad Industrial de Santander (UIS) y sus seccionales en Socorro, Málaga, Barrancabermeja y Piedecuesta podrán fortalecer su infraestructura, ampliar cobertura y mejorar la calidad académica con recursos garantizados. En Barrancabermeja, la Universidad de la Paz (UNIPAZ) también se beneficiará directamente, permitiendo que más jóvenes accedan a formación técnica y tecnológica con condiciones dignas, docentes cualificados y entornos seguros. Esta reforma no solo responde al déficit histórico, sino que activa la esperanza de miles de familias santandereanas que ven en la educación superior pública una vía real hacia la transformación social y el desarrollo regional.
