Durante la audiencia de imputación, el ente acusador presentó una reconstrucción detallada del intento de robo ocurrido el pasado 29 de noviembre en el Centro Comercial Cabecera, donde perdió la vida el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briseño. Cinco personas fueron capturadas y enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de hurto y porte ilegal de armas.
Un plan meticuloso que terminó en tragedia
Según la Fiscalía, el grupo criminal inició su operación desde tempranas horas del día. Dos de los implicados se infiltraron en el centro comercial para vigilar los movimientos de seguridad y coordinar el momento exacto del ingreso al local. Hacia las 2:45 p. m., otros tres integrantes ingresaron a la Joyería Caracas, ubicada en el cuarto piso, simulando ser clientes. Una vez adentro, desenfundaron armas de fuego, intimidaron al personal y comenzaron a sustraer joyas valoradas en aproximadamente 900 millones de pesos.
La reacción policial y el cruce de disparos
Gracias a una alerta confidencial, unidades de la Sijín ya se encontraban en el lugar. Al momento en que los asaltantes intentaban huir, se produjo un intercambio de disparos. Uno de los presuntos delincuentes murió en el sitio. El intendente jefe Leal Briceño fue impactado por un proyectil disparado desde el interior del local, lo que le causó heridas graves en el tórax, pulmón y columna vertebral. Falleció poco después.
La Fiscalía subrayó que el ataque contra el uniformado fue directo y ocurrió mientras cumplía con su deber, lo que agrava la responsabilidad penal de los implicados.
Cargos y penas que podrían superar los 40 años de prisión
Los cinco capturados —Adrián Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lánchez, Karina Michelis Criado Pumarejo, Johnny José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez— fueron presentados ante un juez de control de garantías. Se les imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, y porte ilegal de armas de fuego agravado.
El homicidio fue imputado con tres agravantes: se cometió para facilitar otro delito, se usó arma de fuego y la víctima era un miembro activo de la Fuerza Pública. Solo por este delito, las penas podrían oscilar entre 500 y 700 meses de prisión. A ello se suman los otros cargos, cuyas penas también se agravan por la participación en grupo criminal.
Ninguno aceptó cargos
Durante la audiencia, los procesados guardaron silencio y no aceptaron los cargos. La Fiscalía sostuvo que actuaron con dolo directo, es decir, con plena conciencia y voluntad de ejecutar el robo y usar la violencia, incluso contra la vida de un servidor público.
Este miércoles 3 de diciembre se definirá la medida de aseguramiento para cada uno de los implicados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
