A un año del inicio de la Operación Catatumbo, el Ejército Nacional reporta avances en su estrategia de presencia permanente en el nororiente del país, con el objetivo de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales. Sin embargo, en varios de los 13 municipios que conforman esta región de Norte de Santander, persisten situaciones de confinamiento y control territorial por parte de estructuras criminales.
Aunque el despliegue militar ha sido significativo —más de 11.200 soldados de la Segunda División, con apoyo de fuerzas especiales, aviación y movilidad terrestre—, líderes sociales y organizaciones humanitarias advierten que el abandono estatal sigue siendo una constante, lo que ha permitido que guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC mantengan presencia activa en zonas rurales. A estos actores se han sumado otros grupos delincuenciales que disputan el control de economías ilícitas, especialmente el narcotráfico.
Según cifras oficiales, en estos doce meses se han evacuado 3.633 personas, entre ellas 57 firmantes del Acuerdo de Paz. También se entregaron 352,5 toneladas de ayuda humanitaria, se recuperaron 42 menores de edad y se logró la desmovilización de 161 integrantes de estructuras armadas ilegales. Además, se reporta la captura de 167 personas señaladas de afectar a la población civil.
En el componente operacional, la Fuerza Pública ha incautado 178 armas cortas, 161 armas largas, 62.544 municiones, 6 drones y más de 3.200 kilos de explosivos. También se neutralizaron 2.514 artefactos explosivos improvisados y 737 minas antipersona. En cuanto al narcotráfico, se decomisaron más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, con un impacto económico estimado en 208 mil millones de pesos.
Pese a estos resultados, el panorama en el Catatumbo sigue siendo complejo. Comunidades campesinas e indígenas denuncian restricciones a la movilidad, amenazas y presencia armada en sus territorios. La acción militar, aunque constante, no ha sido suficiente para garantizar condiciones plenas de seguridad ni para restablecer la institucionalidad en zonas históricamente marginadas.
El Ejército ha reiterado su compromiso de mantener la presión operacional y el acompañamiento a la población, en coordinación con otras fuerzas del Estado y bajo el respeto al Derecho Internacional Humanitario. No obstante, voces desde el territorio insisten en que la seguridad duradera solo será posible con inversión social, presencia institucional efectiva y garantías reales para la vida.
