En el marco del Primer Encuentro de Gobernadores de 2026, el mandatario de Santander, mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, se unió a la postura mayoritaria de sus homólogos del país frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo recursos clave para sectores como la salud, la educación y el deporte.
“Desde Santander respaldamos la defensa de la descentralización y la autonomía territorial. No podemos permitir que decisiones unilaterales del nivel central afecten la sostenibilidad financiera de nuestras regiones”, expresó el gobernador Díaz Mateus, quien advirtió que el decreto representa una amenaza directa a las rentas departamentales.
El pronunciamiento se da en medio de crecientes preocupaciones por el impacto del Decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de productos como licores, cigarrillos y tabaco elaborado. Según los gobernadores, esta medida no solo centraliza recursos que históricamente han sido fuente de financiación para los entes territoriales, sino que también podría incentivar el contrabando y la ilegalidad.
Como parte de las acciones jurídicas, la Federación Nacional de Departamentos anunció que presentará un documento ante la Corte Constitucional para exponer los efectos negativos del decreto. Además, varios mandatarios regionales, entre ellos los de Valle del Cauca, Antioquia y Tolima, anunciaron que interpondrán tutelas y aplicarán la figura de la excepción de inconstitucionalidad para no implementar las disposiciones tributarias del decreto en sus territorios.
En el caso de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón fue enfático en señalar que no aplicará el componente tributario del decreto, al considerar que atenta contra la Carta Política. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, cuestionó que se pretenda limitar el recaudo departamental, transfiriendo a la Nación los excedentes por encima del IPC.
En una carta enviada al Ministerio de Hacienda, los 32 gobernadores del país reiteraron su rechazo a la medida, calificándola como regresiva y centralista. En el documento advierten que la norma pone en riesgo la financiación de programas sociales y debilita la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Ante esta postura colectiva, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió que los gobernadores no pueden decidir sobre la inaplicabilidad de un decreto, advirtiendo que podrían incurrir en prevaricato si se niegan a cumplirlo.
En Santander, el debate continúa abierto. Mientras el Gobierno Nacional defiende la legalidad del decreto, las autoridades departamentales insisten en que la defensa de la autonomía fiscal no es negociable.
