El Tribunal Administrativo de Santander emitió una sentencia histórica: reconoció al páramo de Santurbán como “sujeto de derechos”, lo que significa que este ecosistema tiene una especie de “personalidad jurídica” que le permite ser protegido directamente por la ley. Es decir, el páramo no solo es un territorio, sino un ente que merece respeto, cuidado y defensa, como si tuviera voz propia.
Este reconocimiento implica que el Estado y las comunidades tienen el deber de garantizar su conservación, restauración y protección prioritaria, especialmente porque Santurbán abastece de agua a más de 2.3 millones de personas en Santander y Norte de Santander.
¿Por qué Minambiente apeló el fallo?
La apelación no busca revertir la decisión, sino fortalecerla técnicamente. El Ministerio de Ambiente, liderado por Irene Vélez, explicó que quiere asegurar que las órdenes judiciales sean claras, viables y efectivas. Por ejemplo:
• Que se definan con precisión los límites del páramo y no se extiendan a zonas de transición o amortiguación que no están contempladas en la ley.
• Que las medidas se articulen con los planes de ordenamiento territorial (POT), los Planes de Manejo de Cuencas (POMCA) y otras herramientas vigentes.
• Que se involucren entidades como la Agencia Nacional de Minería y la de Hidrocarburos para evitar contradicciones legales.
• Que los plazos sean realistas, especialmente para los municipios que deben ajustar sus POT en solo seis meses.
¿Qué significa esto para Santander y Norte de Santander?
Este fallo y su apelación tienen implicaciones profundas para la región:
Beneficios:
• Mayor protección del agua: Santurbán es fuente vital para acueductos y agricultura.
• Reconocimiento del valor ecológico y cultural del páramo como símbolo de vida y dignidad ambiental.
• Participación ciudadana: se abre la puerta para que comunidades, ambientalistas y autoridades locales tengan voz en la protección del territorio.
• Presión legal para que el Estado cumpla con la delimitación del páramo, pendiente desde hace años.
Retos:
• Municipios como Vetas, California y Suratá deben ajustar sus planes de desarrollo, lo que genera tensiones con sectores mineros y agropecuarios.
• Riesgo de que medidas mal definidas afecten actividades económicas sin claridad jurídica.
