Año y medio después de las elecciones para la Gobernación de Santander, el partido Alianza Verde sigue sin recibir los recursos por reposición de votos debido a inconsistencias en las cuentas presentadas por el excandidato Ferley Sierra. El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene frenado el aval para el desembolso, lo que ha generado un fuerte enfrentamiento entre Sierra y sus opositores.
Por los más de 180 mil votos obtenidos en los comicios del 29 de octubre de 2023, Sierra y su colectividad tendrían derecho a la reposición de recursos. Sin embargo, facturas con inconsistencias por más de $700 millones han puesto al excandidato en el centro de una controversia que ha escalado hasta una denuncia penal por presunto fraude procesal.
La situación ha generado un intenso debate, pues Sierra, quien construyó su campaña con un discurso anticorrupción y en contra de los clanes políticos, ahora enfrenta señalamientos de haber intentado engañar a las autoridades. Mientras sus opositores lo acusan de irregularidades, el excandidato sostiene que sus cuentas fueron transparentes y que todo se trata de una estrategia de desprestigio.
Una de las revelaciones más llamativas en la investigación es que los movimientos contables cuestionados fueron aprobados por una contadora vinculada a Foncolombia, uno de los fondos mixtos más poderosos y cuestionados en Santander y Norte de Santander. Sierra ha defendido la contratación de la profesional, asegurando que su experiencia en contaduría pública era clave para la campaña y que su relación con Foncolombia no influyó en el manejo de los recursos.
El caso sigue en desarrollo y se espera que el CNE tome una decisión definitiva sobre el desembolso de los recursos en los próximos meses. Mientras tanto, la controversia en torno a Ferley Sierra y su campaña continúa alimentando el debate político en Santander.
La controversia en torno a las cuentas de campaña de Ferley Sierra no solo ha impactado la reposición de votos del partido Alianza Verde, sino que también ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia electoral en Santander. La investigación de METROPOLITANO reveló que las facturas cuestionadas, que suman más de $700 millones, fueron validadas por una contadora con nexos previos con Foncolombia, un fondo mixto con antecedentes de cuestionamientos en la región. A pesar de las acusaciones, Sierra insiste en que la contratación de la profesional se realizó de manera legítima y que su trayectoria en diversas entidades públicas respaldaba su experiencia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha emitido un fallo definitivo, mientras la denuncia penal por presunto fraude procesal continúa en curso. En medio de esta disputa, sectores políticos han aprovechado la situación para intensificar críticas hacia Sierra, cuyo discurso anticorrupción y oposición a clanes políticos se ha visto ensombrecido por las dudas sobre su manejo financiero.
