La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una comunicación oficial al Gobierno Nacional y al Congreso de la República solicitando con carácter urgente una asignación presupuestal de $121.858 millones. Estos recursos son necesarios para poner en marcha las primeras sentencias restaurativas emitidas en los macrocasos 01 (secuestros cometidos por las Farc-EP) y 03 (asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate).
En la misiva, la JEP reconoció que el Ministerio de Hacienda ha destinado $20 mil millones con este propósito. No obstante, advirtió que dicho monto resulta insuficiente para garantizar la implementación efectiva de los proyectos de reparación y restauración dirigidos a las víctimas.
“El cumplimiento de las sentencias restaurativas no es opcional: está respaldado por mandatos constitucionales y legales que exigen la asignación de recursos por parte del Estado”, señala la carta.
Además, la JEP expresó dos preocupaciones adicionales que podrían obstaculizar el desarrollo de las sanciones propias:
• El Ministerio de Justicia aún no ha tramitado el decreto reglamentario que establece las condiciones de seguridad y protección necesarias para la ejecución de las sanciones.
• No se ha dado cumplimiento a la circular del Ministerio de Hacienda que ordenaba priorizar los gastos de la JEP en el Presupuesto General de la Nación 2026.
La Jurisdicción reiteró su disposición a mantener un diálogo constante y una colaboración armónica con las instituciones del Estado, con el objetivo de que las sanciones restaurativas no se queden en el papel y se traduzcan en acciones concretas que dignifiquen a las víctimas y contribuyan a la reparación del daño causado.
