A pocas horas de un paro anunciado por el gremio arrocero, el Ministerio de Agricultura publicó una propuesta urgente que busca devolverle la esperanza a quienes cultivan arroz en Colombia: un régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde, que permita al menos cubrir los costos de producir el cereal que alimenta a millones.

Esta medida responde al clamor de familias rurales que han visto cómo el precio de su cosecha cae mientras los gastos para sembrarla aumentan —desde el arriendo de tierras hasta el precio de los fertilizantes, el transporte y el acceso al agua. Durante 2024, el precio del paddy verde cayó un 11,8% y en lo corrido de 2025 no se ha recuperado, dejando a miles de agricultores en situación crítica.

A esto se suma un panorama desafiante: según el inventario nacional de arroz, en junio se registraron 534.940 toneladas almacenadas, un 67,8% por encima del promedio de la última década. Aunque hay arroz, los canales para venderlo no están absorbiendo esa oferta, generando un cuello de botella que golpea directamente al productor.

“No estamos pidiendo lujos, solo que el precio nos alcance para seguir sembrando,” comenta Jorge, agricultor de La Dorada, Caldas, quien participa activamente en los diálogos con el Ministerio.

La resolución propone un precio mínimo de compra ajustado según la región, y exige que los comercializadores de arroz blanco informen claramente el país de origen del producto en empaques, tiendas físicas y plataformas digitales. Esto busca proteger al arroz colombiano frente a importaciones que compiten sin las mismas condiciones.

Desde el Ministerio, se hace un llamado a la industria molinera y a los distribuidores de alimentos para fortalecer el diálogo nacional, con la mediación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La meta es consolidar una cadena más justa y eficiente, donde el Fondo de Fomento Arrocero impulse la tecnificación, innovación y ordenamiento del cultivo en beneficio de quienes trabajan la tierra.