La violencia recrudece en el sur del departamento de Bolívar, donde enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han desencadenado una grave crisis de orden público que ya deja un saldo de un soldado asesinado, seis militares heridos y al menos cuatro civiles secuestrados. Los hechos más recientes ocurrieron en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, donde el uso de drones explosivos por parte del ELN ha sembrado el terror entre la población.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como una “barbarie que debe ser denunciada por todos los organismos humanitarios” y advirtió que los ataques con drones constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario.

Comunidades confinadas y sin acceso a servicios básicos

Más de 7.000 familias permanecen confinadas en sus viviendas, sin acceso a alimentos, medicamentos ni transporte básico. Las veredas de La Mariposa, Canelos, Villaflor y Fátima están completamente aisladas, mientras los corredores humanitarios siguen bloqueados por los grupos armados ilegales.

Los seis militares heridos fueron trasladados a Bucaramanga, epicentro médico del Magdalena Medio, lo que evidencia la conexión directa entre esta crisis y la región. Bucaramanga no solo recibe a los heridos, sino que también se convierte en punto de atención para las familias desplazadas que buscan refugio y asistencia.

Incidencia regional: el Magdalena Medio como zona de impacto y respuesta

La situación en el Sur de Bolívar tiene repercusiones inmediatas en el Magdalena Medio, especialmente en Santander, donde se concentra la atención médica, logística y humanitaria. El confinamiento de miles de personas, en su mayoría adultos mayores, niños y jóvenes, exige una respuesta estatal articulada que incluya corredores seguros, atención psicosocial y garantías de protección para las comunidades rurales.

Además, el control territorial que disputan estos grupos armados está vinculado a economías ilícitas como la minería ilegal, que también afecta zonas del Magdalena Medio. La violencia no reconoce fronteras administrativas, y su impacto se extiende a todo el corredor estratégico entre Bolívar y Santander.

Voces desde el territorio: miedo, incertidumbre y resistencia

“Nos toca escondernos en las casas, debajo de las camas con los niños. Uno no sabe si va a amanecer vivo”, relata una madre campesina desde la vereda Villaflor. Mientras tanto, líderes comunales denuncian que los drones cargados con explosivos sobrevuelan las escuelas rurales y zonas habitadas, generando pánico y paralizando las actividades comunitarias. “El río es la única vía, pero está tomado. No hay forma de salir ni de pedir ayuda”, afirma un agricultor de Montecristo. Estas voces reflejan una cotidianidad marcada por el miedo, el confinamiento y la urgencia de respuestas reales.

Urgente: llamado humanitario a las autoridades nacionales e internacionales

La situación en el Sur de Bolívar demanda una intervención inmediata por parte del Estado colombiano y organismos internacionales. Es fundamental establecer corredores humanitarios seguros que permitan el ingreso de brigadas médicas, alimentos y apoyo psicosocial. Además, la mayoría de las personas afectadas —niños, niñas, jóvenes y adultos mayores— requieren protección especial bajo los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. La presencia institucional no puede limitarse a operativos militares: se necesita una respuesta integral con enfoque en derechos humanos y reparación colectiva.