El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una alerta contundente sobre la situación energética del país, al intervenir en el 12° Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Según el jefe del organismo de control, Colombia enfrenta una “tormenta perfecta” que combina retrasos en infraestructura, déficit de generación y una creciente deuda por subsidios, factores que amenazan la sostenibilidad del servicio para millones de usuarios.
Infraestructura rezagada y generación insuficiente
Pese a la subasta de cargo por confiabilidad realizada en febrero de 2024 —que asignó 4.489 MW, principalmente de fuentes solares— la capacidad efectiva de generación apenas alcanza los 15 GWh/día, cifra que el contralor calificó como insuficiente para garantizar la seguridad energética.
Además, de los 16 proyectos de expansión del sistema de transmisión actualmente en ejecución, 14 presentan retrasos superiores a los 30 meses. A esto se suma el envejecimiento de las líneas de alta tensión: el 75% de las redes de 500 y 230 kV supera los 35 años de operación, lo que incrementa el riesgo de fallas críticas.
Rodríguez instó al Gobierno a emitir señales regulatorias claras y fortalecer la coordinación interinstitucional para acelerar la reposición de activos estratégicos.
Subsidios en deuda y presión sobre las empresas
Otro punto crítico señalado por la Contraloría es la deuda acumulada por concepto de subsidios y opción tarifaria, que ascendía a $7,6 billones en enero de 2025. Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó pagos por $2,5 billones en mayo, el saldo pendiente sigue comprometiendo la liquidez de las empresas prestadoras.
“El subsidio no es una transferencia a las compañías, sino un mecanismo para proteger a los hogares más vulnerables”, enfatizó Rodríguez, advirtiendo que la falta de pagos oportunos podría obligar a desmontar estos apoyos.
Caso Aire S.A. y presión sobre el Fondo Empresarial
La situación de la empresa Aire S.A., intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024, también fue abordada. La compañía, que opera en Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena, acumula deudas cercanas a los $900.000 millones con proveedores. Mientras tanto, el Fondo Empresarial —encargado de respaldar a las empresas intervenidas— solo cuenta con $167.000 millones frente a obligaciones por $324.000 millones.
“La sostenibilidad energética no puede depender de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión”, advirtió el contralor, anunciando seguimiento técnico permanente a la intervención.
Llamado a la institucionalidad y la planeación
Rodríguez cerró su intervención con un llamado a fortalecer la articulación entre los ministerios de Energía, Ambiente y Hacienda, para evitar bloqueos en proyectos estratégicos como las conexiones desde Chivor hacia Bogotá o el licenciamiento de iniciativas gasíferas en La Guajira.
“Colombia necesita planeación rigurosa, ejecución oportuna y decisiones firmes que garanticen el acceso a energía con calidad, eficiencia y precios justos”, concluyó
