Después de varias horas de tensión y congestión vehicular, la comunidad del sector Marabel, en la vía nacional que conecta Bucaramanga con Rionegro y la Costa Caribe, levantó el bloqueo que mantenía paralizado el tránsito en ambos sentidos. La protesta fue motivada por la suspensión del servicio de agua potable, que afecta a decenas de familias desde hace varios meses.

Una vía estratégica paralizada: El bloqueo comenzó en la mañana del 10 de octubre de 2025, cuando habitantes de Marabel se apostaron sobre la carretera con pancartas, piedras y llantas, impidiendo el paso de vehículos particulares, buses intermunicipales y camiones de carga. La vía es clave para el transporte hacia la Costa Caribe, por lo que la congestión se extendió hasta sectores como La Salle y Puente Tierra, donde negocios como Tienda Puente Tierra reportaron afectaciones en sus ventas por la disminución del flujo vehicular.

El reclamo: agua para vivir Los manifestantes denunciaron que el servicio de acueducto ha sido intermitente o inexistente desde hace más de cuatro meses, obligándolos a comprar agua en carrotanques o almacenar en condiciones precarias. “No es justo que tengamos que vivir así. El agua es un derecho, no un lujo”, expresó una vocera comunitaria durante la protesta.

Acuerdo con las autoridades: Hacia el mediodía, representantes de la comunidad se reunieron con delegados de la Gobernación de Santander y la Empresa de Servicios Públicos, logrando compromisos concretos:
• Instalación de un sistema provisional de abastecimiento en los próximos cinco días.
• Revisión técnica del acueducto rural y cronograma de reparación.
• Mesa de seguimiento el 15 de octubre con participación ciudadana.

Paso restablecido: Tras el acuerdo, los manifestantes levantaron el bloqueo y permitieron el paso de vehículos. La Policía de Tránsito hizo presencia para garantizar la movilidad y evitar nuevos cierres. El flujo hacia la Costa Caribe se normalizó progresivamente.

Lo que sigue:
• Verificación del cumplimiento de los compromisos por parte de las autoridades.
• Posible intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho al agua.
• Seguimiento comunitario a través de veedurías locales.