La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2025 ante el riesgo inminente de confrontación entre dos frentes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el municipio de Rionegro, Santander. La alerta se enfoca en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, donde se configura un escenario de alto riesgo para la población civil.
Un corredor estratégico bajo amenaza
El Bajo Rionegro, nodo clave que conecta el valle medio del río Magdalena con la costa Caribe y el centro del país, se ha convertido en un punto de interés para economías ilícitas. Su red de vías nacionales y afluentes navegables facilita el tránsito de narcotráfico y extorsión, lo que ha despertado el interés de grupos armados ilegales.
Escenarios de confrontación
La alerta identifica dos amenazas principales:
• Expansión del EGC: El Bloque Arístides Meza Páez y el Frente Édgar Madrid Benjumea buscan consolidar su dominio desde el sur de Bolívar y Puerto Wilches, reactivando antiguos corredores del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
• Incursión de las ACSN: Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada avanzan desde el sur del Cesar, desafiando la hegemonía del EGC y elevando el riesgo de enfrentamientos armados en zonas habitadas.
A esto se suma la preocupación por una eventual presencia del ELN, que podría realizar tareas de vigilancia en la región.
Gobernanza criminal y ambiente de temor
La estrategia del EGC incluye homicidios selectivos, amenazas, extorsiones a ganaderos y palmicultores, y control social sobre las juntas de acción comunal (JAC), obligándolas a reportar sus actividades. Esta dinámica ha debilitado el tejido organizativo y generado un clima de miedo que silencia la acción colectiva.
Los grupos armados se aprovechan de la ausencia estatal y de conflictos socioambientales, como la disputa por los «playones» del río Lebrija, para presentarse como mediadores y afianzar su poder.
Riesgo extremo para liderazgos sociales
El asesinato de los líderes Teófilo Acuña y Jorge Tafur, defensores de tierras comunales, evidencia el peligro que enfrentan quienes alzan la voz. La población civil, especialmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, está expuesta a violencia sexual, reclutamiento forzado y consumo de sustancias psicoactivas. Lideresas, campesinos, pescadores y comerciantes viven bajo amenaza constante.
Limitaciones institucionales y llamado urgente
La precariedad institucional agrava las vulnerabilidades: las denuncias deben interponerse en otro departamento, el sistema educativo presenta fallas graves, y la falta de saneamiento básico pone en riesgo la salud pública.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha formulado 28 recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes, con el fin de implementar acciones urgentes de prevención, protección, acceso a la justicia y ejecución de políticas públicas que mitiguen las condiciones que perpetúan el conflicto armado.
Rionegro no puede volver a ser escenario del terror que marcaron las extintas FARC, ELN y Autodefensas en este corredor estratégico entre Santander y el sur del Cesar. Las autoridades deben actuar con celeridad para proteger a las comunidades y evitar una nueva espiral de violencia.
Desde el primer día de su mandato, el gobernador MG. (r) Juvenal Díaz Mateus ha trazado una ruta de seguridad territorial a través de la estrategia “Acción Unificada”, con el propósito de impedir el retorno de estructuras criminales al departamento. Bajo el liderazgo del Secretario del Interior MG. (r) Oscar Hernández, se han establecido mesas de trabajo permanentes con los alcaldes de las zonas en riesgo. Sin embargo, la persistente indiferencia del gobierno nacional frente a este fenómeno de violencia ha dejado a las autoridades regionales enfrentando solas el desafío. A pesar de los obstáculos, insisten en blindar el territorio, porque la seguridad de Santander no puede esperar.
