El presidente Gustavo Petro convocó para el 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, una jornada de movilización ciudadana con el fin de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente y recoger firmas que serían presentadas al Congreso el 20 de julio. La iniciativa busca abrir un debate sobre posibles ajustes a la Constitución de 1991, especialmente en temas como salud, pensiones, servicios públicos, salario y derechos laborales.
A través de sus redes sociales y declaraciones públicas, Petro invitó a la ciudadanía a ocupar plazas y calles en municipios de todo el país, llamando a reforzar el “poder ciudadano constituyente” y a rechazar, entre otros aspectos, el aumento de las tasas de interés. El gobierno señala que durante la jornada se recogerán firmas ciudadanas que, según su propuesta, permitirían respaldar la discusión de una Asamblea Constituyente en el Congreso, en el marco de la agenda social y política que ha impulsado su administración.
La Carta Política colombiana prevé la Asamblea Nacional Constituyente como uno de los caminos para reformar la Constitución, siempre que el Congreso apruebe previamente una ley de convocatoria y la ciudadanía la ratifique en un referendo con un mínimo de votos. Desde el gobierno se ha precisado que la idea no sería sustituir por completo la Constitución de 1991, sino profundizar y clarificar artículos en materia de salud, pensiones, servicios públicos básicos y condiciones laborales, incluyendo el debate sobre un “salario vital y móvil” y una posible reducción de la jornada laboral ligada al aumento de productividad.
El 1 de mayo se sitúa a un mes exacto de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con posible segunda vuelta el 21 de junio, lo que sitúa la movilización en un escenario cargado de implicaciones electorales. Para el gobierno, la jornada busca capitalizar el apoyo de sectores sociales y sindicales en torno a una agenda de transformación económica y política, mientras sus detractores la interpretan como un intento de orientar la discusión hacia un cambio institucional profundo en vísperas de unos comicios que definirán el rumbo del país en la próxima década.
