Propietarios rurales de 68 municipios santandereanos enfrentan un duro impacto económico por los nuevos avalúos catastrales establecidos para 2026, con incrementos que en casos extremos superan el 4.000%. La medida, impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), busca actualizar valores desfasados en predios sin revisión en más de cinco años, pero genera protestas generalizadas entre campesinos y autoridades locales.
La Resolución 2057 del 29 de diciembre de 2025 aplica coeficientes de ajuste automático en 527 municipios nacionales con rezago catastral, priorizando zonas rurales según la Ley 2294 de 2023. En Santander, solo 19 de sus 87 municipios escapan al cambio, mientras que entidades como Contratación (16 años sin actualización) registran los picos más altos. Alcaldes denuncian que la norma les quita autonomía para modular los efectos, dejando a pequeños productores con facturas prediales impagables.
Los 68 municipios impactados son: Aguada, Albania, Aratoca, Barbosa, Barichara, Cabrera, California, Capitanejo, Carcasí, Cepitá, Cerrito, Charalá, Charta, Chima, Concepción, Confines, Contratación, Coromoro, Curití, El Guacamayo, El Peñón, El Playón, Enciso, Enciso, Florián, Galán, Gámbita, Guaca, Guadalupe, Guapotá, Guavatá, Güepsa, Hato, Jesús María, Jordán, La Belleza, Landázuri, La Paz, Lebrija, Los Santos, Macaravita, Matanza, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Páramo, Pinchote, Puente Nacional, Rionegro, San Andrés, San Gil, San Joaquín, San José de Miranda, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, Suaita, Sucre, Suratá, Tona, Valle de San José, Vetas, Villanueva y Zapatoca.
En San Gil, residentes rurales claman ante subidas que convierten pagos anuales de $90.000 en millones, formando comités para demandar revisiones al IGAC. Similar descontento se escucha en El Páramo y Coromoro, donde se pide intervención de la Procuraduría y el Ministerio de Hacienda para frenar cobros «abusivos».
El IGAC defiende la iniciativa como paso para reducir el rezago nacional en un 67%, fortaleciendo ingresos municipales sin exenciones generalizadas. La controversia pone en jaque la sostenibilidad del agro santandereano, con llamados a una mesa de diálogo urgente entre el Gobierno nacional y líderes locales.
