El próximo año podría marcar un punto de quiebre para uno de los sectores más invisibilizados y esenciales del país: el trabajo doméstico. Las nuevas disposiciones salariales y laborales, aunque presentadas como avances en dignificación, podrían tener un efecto contrario para miles de mujeres que ejercen esta labor, especialmente en la modalidad interna.

Según proyecciones recientes, contratar a una trabajadora doméstica interna en 2026 costará cerca de $2.975.614 mensuales, sin contar dotación, uniformes ni otros insumos básicos. Para muchas familias de clase media y media alta, ese monto resulta inasumible.

El panorama es alarmante: miles de hogares podrían verse forzados a prescindir de estos servicios, no por falta de reconocimiento al valor del trabajo doméstico, sino por la imposibilidad económica de sostenerlo. Y con ello, se abre la puerta a un fenómeno aún más preocupante: el crecimiento de la informalidad.

Contrataciones sin afiliación, pagos por debajo de la ley o acuerdos verbales podrían convertirse en la única salida para quienes no quieren incumplir, pero tampoco pueden cumplir. El riesgo no es solo laboral, sino profundamente social.

La mayoría de estas trabajadoras son mujeres cabeza de hogar, muchas de ellas únicas proveedoras de sus familias. Lo que desde el discurso oficial se presenta como un avance en derechos, en la práctica podría traducirse en exclusión del mercado formal y mayor vulnerabilidad.

La pregunta que hoy resuena en los pasillos de la clase media es tan incómoda como urgente: cuando estas mujeres pierdan su empleo o sean empujadas a la informalidad, ¿Quién responderá por ellas y por el daño social que se avecina?