En medio de los desafíos que enfrenta el sistema de salud en Colombia, una reciente decisión de la Corte Constitucional trae un respiro significativo para el sector. Con su fallo, el alto tribunal ratificó la obligación del Ministerio de Salud de reajustar el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al año 2024 y recalcular la del año 2025, asegurando así una financiación más equitativa para los servicios de salud.
Este pronunciamiento es visto por expertos y actores del sector como una medida clave para fortalecer el acceso a la atención médica y garantizar la sostenibilidad del sistema. El reajuste de la UPC permitirá a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) contar con mejores recursos para atender las necesidades de los pacientes y enfrentar los retos económicos que han puesto en jaque la estabilidad del sector.
Con esta decisión, se abre un nuevo panorama que podría impulsar mejoras en la prestación de servicios y generar un impacto positivo en la salud pública del país.
El fallo de la Corte Constitucional representa una mejora significativa para los pacientes, ya que el reajuste de la UPC garantizará una financiación más adecuada para los servicios de salud. Esto permitirá que las EPS dispongan de mayores recursos para la atención médica, lo que podría traducirse en una mejor calidad en los tratamientos, reducción de tiempos de espera y mayor acceso a medicamentos y procedimientos necesarios. En un contexto donde el sistema se encuentra en crisis, esta medida ofrece una oportunidad para fortalecer la cobertura y asegurar que los pacientes reciban la atención que requieren sin barreras económicas.
Expertos en salud han advertido que la falta de un reajuste oportuno de la UPC podría agravar la crisis del sistema de salud en Colombia. Según Luis A. Martínez, presidente de la mesa de trabajo de revisión de la UPC, la metodología actual no cubría todos los costos del plan de beneficios, lo que generaba un déficit financiero para las EPS. Además, asociaciones médicas han señalado que la ausencia de una actualización adecuada en los recursos destinados a la atención médica afectaría directamente la calidad del servicio y el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales. La Corte Constitucional, al ordenar el reajuste, busca corregir estas deficiencias y garantizar una financiación más equitativa para el sector.
Si el Gobierno no ajusta la UPC conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, el sistema de salud enfrentaría un deterioro aún mayor. La insuficiencia en la financiación afectaría directamente la capacidad de las EPS para garantizar la atención médica, lo que podría traducirse en una reducción de servicios, mayor congestión en hospitales y clínicas, y dificultades para el acceso a tratamientos esenciales. Además, la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado seguiría ampliándose, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La falta de cumplimiento también podría generar conflictos legales y administrativos, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de salud en el país.
