El subintendente de la Policía Nacional Yeison Eduardo García Albarracín, capturado en Bogotá por orden judicial, ya fue trasladado a Bucaramanga, donde enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el millonario robo a una reconocida joyería de la ciudad, ocurrido el 23 de julio de 2024.
Según la Fiscalía General de la Nación, García Albarracín habría entregado a la red criminal Kilates dos armas de fuego, una pistola traumática y un uniforme de la Policía Nacional, elementos utilizados durante el hurto.
Además, se le señala de haber proporcionado información judicial sobre la investigación en curso y de comprometerse a borrar los videos de seguridad de una bodega donde se habría planeado el crimen.
El fiscal del caso le imputó los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; utilización ilegal de uniformes e insignias; y cohecho propio. Ninguno fue aceptado por el procesado. Por solicitud de la Fiscalía, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este caso, que ya dejó nueve condenados con penas entre 10 y 11 años de prisión, sacude profundamente la confianza ciudadana. ¿Cómo puede alguien que ingresó a la Policía Nacional, institución que representa el deber de proteger y servir, terminar aliado con delincuentes, manchando el uniforme y echando por la borda años de trabajo que le aseguraban una pensión digna?
Que este hecho sirva de ejemplo para sus compañeros: la ilegalidad no ofrece futuro, solo una celda. La vocación de servicio no se traiciona. La ciudadanía exige que se preserve el buen nombre de la institución, y que quienes la deshonran enfrenten la justicia con todo el peso de la ley.
