Las autoridades continúan la búsqueda de 22 adolescentes que escaparon del Centro de Internamiento Preventivo Hogares Claret, ubicado en el barrio La Joya de Bucaramanga. Hasta el momento, 17 de los 39 menores que participaron en la fuga han sido recapturados.
El incidente se registró el pasado sábado 17 de mayo, aproximadamente a la 1:20 p. m., cuando los jóvenes burlaron los controles de seguridad, saltaron las rejas del establecimiento y huyeron hacia la vía pública. Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en el que varios adolescentes lograron salir del centro, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo inmediato.
Durante los primeros minutos del operativo, la Policía logró reaprehender a 13 jóvenes en los alrededores del centro, mientras que otros cuatro fueron ubicados posteriormente. Sin embargo, aún permanecen 22 adolescentes en condición de fuga.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita dar con el paradero de los menores restantes. Para ello, han habilitado la línea de emergencias 123, instando a la comunidad a reportar cualquier dato relevante que facilite su ubicación.
Según reportes recientes, los familiares de los adolescentes fugados han protestado frente a las instalaciones del centro, afirmando que la fuga no fue un acto de rebeldía, sino una huida motivada por condiciones de abuso.
Algunos testimonios señalan que los jóvenes habrían sido sometidos a castigos físicos y psicológicos, incluyendo golpes, exposición a agua fría y restricciones severas. Además, los familiares han expresado su preocupación por la falta de acceso a visitas y la negativa del centro a brindar información clara sobre el bienestar de los internos.
Ante estas denuncias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha anunciado una evaluación interna para verificar las condiciones del centro y el trato que reciben los adolescentes. También se ha convocado un Puesto de Mando Unificado (PMU) con diversas entidades gubernamentales para garantizar la protección de los menores y reforzar los protocolos de supervisión.
