El paro nacional contra el alza de avalúos catastrales, impulsado por la Resolución 2057 del IGAC del 30 de diciembre de 2025, entra en su quinto día en Santander con tensiones máximas en el peaje de Lebrija, vía clave al aeropuerto Palonegro. Aunque mesas de diálogo con el gobernador Juvenal Díaz lograron suspensiones temporales de bloqueos el 12 de abril, un sector campesino rechazó los pactos parciales, manteniendo cierres intermitentes que generan caos vial, desabastecimiento y pérdidas diarias de hasta 120.000 millones de pesos.
Las protestas, lideradas por gremios como ANUC y ANZORC, estallaron el 9 de abril en más de 500 municipios tras actualizaciones catastrales que multiplicaron valores de predios rurales hasta en 1.000% —de 400 millones a 2.000 millones de pesos en fincas promedio—, disparando impuestos prediales pese a límites legales municipales. En Lebrija, epicentro santandereano, campesinos explican que los acuerdos regionales son un «engaño»: exigen derogatoria total de la resolución, suspensión de cobros coactivos por un año, visitas técnicas predio a predio y catastro multipropósito transparente con veedurías ciudadanas. «Nos convirtieron en millonarios en un papel, pero no hay ingresos para pagar», denuncian líderes locales, suspendiendo mesas regionales hasta una Mesa Nacional en el IGAC hoy a las 10:00 a.m.
La vía Bucaramanga-Lebrija permanece crítica: habilitaciones puntuales (como 5-7 a.m.) no convencen a manifestantes, que priorizan demandas nacionales sobre accesos temporales al aeropuerto, afectando 7.500 pasajeros y sectores avícola (57 millones en riesgo) y de carga. Otras rutas a Barrancabermeja, Cúcuta y Magdalena Medio reportan represamientos, con 1,4 millones de personas impactadas y 2.000 empleos directos perdidos en alimentos y servicios.
Económicamente, el saldo es devastador: Fenalco y la Alianza por Santander estiman 80.000-120.000 millones diarios a nivel departamental —40.000-70.000 millones solo en el área metropolitana de Bucaramanga—, superando los 600.000 millones en cuatro días intensos, más 2.700 millones en mercancía varada. Gremios como Fenavi alertan crisis avícola con 10 millones de huevos represados, mientras construcción y comercio colapsan; el alcalde Cristian Portilla y la Gobernación claman intervención nacional.
El presidente Gustavo Petro califica el paro como defensa de «terratenientes improductivos», defendiendo la actualización para equidad fiscal, pero el IGAC reafirma diálogo con compromisos de revisiones regionales y ajustes a la resolución. Tras suspensiones anunciadas el 12 de abril, el paro persiste indefinido pendiente de la mesa de hoy, con Supertransporte sancionando concesiones y urgiendo garantías para líderes.
Este conflicto expone el choque entre modernización catastral —rezagada décadas— y realidades rurales: mientras el catastro multipropósito busca formalizar tierras para crédito y subsidios, campesinos ven ruina fiscal sin gradualidad ni consulta. Sin avances concretos, Santander arriesga escalada, con economía asfixiada y polarización nacional en vísperas de diálogos clave.
