Por primera vez en la historia del departamento, el Gobierno de Santander lideró una sesión de gran envergadura del Comité Departamental de Justicia Transicional, con el objetivo de fortalecer la atención integral a las víctimas del conflicto armado. La jornada se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2025 en el Auditorio Augusto Espinoza del Palacio Amarillo, con la participación de más de 20 entidades del orden nacional y territorial.
La sesión, convocada conforme a la Ley 2421 de 2024 y el Decreto Departamental 574 de 2025, marcó un hito en la política pública de reparación y justicia transicional en la región. Durante el encuentro, se aprobó un incremento del presupuesto de la Mesa Departamental de Víctimas a 360 millones de pesos y se adoptó el Plan de Prevención, Protección y Contingencia, con acciones concretas para mitigar riesgos y garantizar los derechos de las comunidades afectadas.
El evento contó con la presencia de representantes del Ejército Nacional, Policía Nacional, ICBF, SENA, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio del Interior, Fiscalía Especializada en Justicia Transicional, Unidad de Víctimas, Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otras entidades. También participaron delegados de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, incluyendo representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, garantizando un enfoque diferencial y étnico en las decisiones adoptadas.
“Este Comité es una muestra del compromiso real con las víctimas. Hemos trazado metas claras para el 2025 y exigimos que cada secretaría destine al menos el 20% de su gestión a la implementación de la política pública de víctimas”, afirmó el gobernador de Santander, MG (r) Juvenal Díaz Mateus.
Con esta sesión, Santander da un paso firme hacia la consolidación de una justicia transicional efectiva, participativa y centrada en la dignidad de quienes han sufrido los estragos del conflicto armado.
