En una operación conjunta entre autoridades nacionales e internacionales, fue capturada una red criminal que usaba la Registraduría para legalizar migrantes de forma fraudulenta. El caso abre interrogantes sobre posibles réplicas en otras regiones, incluido Santander.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia, participó en la operación “Velen”, que permitió la captura de tres presuntos integrantes de una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes.
Entre los detenidos se encuentra Andrés Felipe Saltarín, funcionario de la Registraduría Auxiliar de Belén (Medellín), quien habría tramitado de forma fraudulenta más de 20 cédulas de ciudadanía a ciudadanos dominicanos. También fueron capturados Natalia Patricia Galeano, alias “La Madrina”, presunta cabecilla de la organización, y Marco Aurelio Mercado, alias “Yeyo”, supuesto coordinador operativo.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que “la coordinación permanente con instituciones como la Fiscalía y la Policía es decisiva para combatir y erradicar cualquier acto de corrupción”. La entidad ya canceló los documentos obtenidos de forma irregular y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
¿Y en Santander?
Aunque la operación se concentró en Medellín y Planeta Rica (Córdoba), el caso enciende alertas sobre posibles redes similares en otras regiones del país. En Santander, donde la frontera con Venezuela ha sido históricamente un corredor migratorio, líderes sociales y autoridades locales han advertido sobre la necesidad de fortalecer los controles en sedes de la Registraduría, especialmente en zonas de alta movilidad como Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que se investigue si existen patrones similares de suplantación o tramitación irregular de documentos en el departamento, y que se garantice la protección de migrantes frente a redes que lucran con su vulnerabilidad.
Llamado a la vigilancia ciudadana
La Registraduría invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en la expedición de documentos de identidad. “La integridad del sistema depende también de la participación activa de la comunidad”, concluyó Penagos.
