La reciente condena de Andrey José Piñarete, quien desde España amenazó de muerte al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, marca un hito en la lucha contra la violencia digital. El mensaje intimidatorio enviado por redes sociales en 2022 —cargado de odio y explícita intención de daño— no quedó impune: el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá lo sentenció a 75 meses de prisión, además de imponerle una multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Este fallo no solo protege a un servidor público. Es un llamado urgente a la sociedad: las redes sociales no son tierra de nadie. La libertad de expresión no puede confundirse con licencia para calumniar, amenazar o destruir reputaciones. Cada palabra publicada tiene peso, y cada agresión virtual puede tener consecuencias reales.

Vivimos en una era donde el matoneo digital, la estigmatización y la difamación se disfrazan de opinión. Pero cuando el discurso se convierte en violencia, la justicia debe actuar con firmeza. Este caso debe servir de escarmiento ejemplar para quienes creen que el anonimato o la distancia geográfica los blinda de la ley.

La condena a Piñarete no borra el daño causado, pero sí envía un mensaje claro: la dignidad humana y el buen nombre no son negociables. Que esta sentencia sea el inicio de una cultura digital más responsable, donde el respeto prevalezca sobre el odio, y donde la justicia no se quede en el papel, sino que se convierta en garantía de convivencia.