La Procuraduría General de la Nación y la Fundación Renacer, firmaron un acuerdo de voluntades que permitirá el desarrollo de acciones para la lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes en el país, convenio realizado en el marco de alianza de cooperación internacional para la protección de la infancia, Child Protection Compact, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El acuerdo permitirá unir esfuerzos, desde las competencias del Ministerio Público y, en concordancia con la misión y los compromisos adquiridos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien eligió a través de un proceso de selección, a la Fundación Renacer, como una de las organizaciones de la sociedad civil para implementar esta alianza, que permitirá luchar contra este flagelo en las modalidades de mendicidad ajena y explotación sexual, en contextos de viajes y turismo y entorno digital, así como la atención integral y oportuna a las víctimas de este delito.

“Hay que reconocerle y agradecerle al departamento de Estado de Estados Unidos, el apoyo que está haciendo en este trabajo. La idea es hacer esa alianza de cooperación para lograr la eliminación de la trata de personas, sobre todo la afectación a niños, niñas y adolescentes en Colombia”, enfatizó la procuradora Cabello Blanco.

El ente de control reafirmó que, las acciones conjuntas permitirán fortalecer los esfuerzos en la prevención, protección y enjuiciamiento de este flagelo, para mitigar los factores que influyen, fomentan y mantienen su ocurrencia y se adaptan a las diferencias étnicas, indígenas, de género, de orientación sexual, de discapacidad, de migración y culturales.

Para Luz Stella Cárdenas, Directora General de la Fundación Renacer, “la Procuraduría ha sido supremamente importante, para garantizar no solamente la protección desde el Sistema Nacional de Protección de las Víctimas, sino también desde el sistema judicial».

Finalmente, el órgano de control reafirmó que la voluntad, y disponibilidad de las partes para trabajar de forma articulada, enfocará acciones de coordinación entre el gobierno colombiano y la sociedad civil, a nivel nacional y regional, que permita investigar, procesar y condenar de manera efectiva a los tratantes y redes criminales; así como la protección y atención integral a las víctimas.