La Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, efectuar el giro de los recursos de los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Asimismo, el organismo de control solicitó al funcionario conocer la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, a la fecha no se han llevado a cabo y pone en riesgo la salud de millones de colombianos.

El ente de control verificó el pago inoportuno, puesto que, durante el segundo semestre del 2023 en el mes de octubre, pagaron solamente el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; además, solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud.

A su vez, la entidad requirió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024.

De otra parte, la delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social insiste, en que, para el cierre del 2023, se continuo en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.

Finalmente, el ente de control advirtió la gravedad de las actuaciones del ministro con lo cual se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.