Ante el incremento de la extorsión desde las cárceles, la Procuraduría instó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Mintic, Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir este delito.
“Hemos conocido por información de los gobernadores, alcaldes y la ciudadanía que se han disparado estas llamadas extorsivas desde distintos centros penitenciarios”, explicó Javier Sarmiento, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, quien no dejó de expresar su preocupación por esta situación.
Durante una mesa de trabajo en la que también tuvieron asiento funcionarios de la Fiscalía, Agencia del Espectro, Comisión Nacional de Regulación, Policía Nacional, Mintic y gremios de la telefonía celular como Andesco, se amplió el panorama de la magnitud de lo que representa este flagelo que día a día toma más vuelo.
Por ejemplo, se supo que, en la gran mayoría de los establecimientos carcelarios, los inhibidores de señales telefónicas están fuera de servicio lo que abre la puerta al accionar de la criminalidad.
Y aunque se hacen algunos esfuerzos por parte de las autoridades por contrarrestar este flagelo, la delincuencia se las sigue ingeniando para continuar extorsionando desde los centros penitenciarios y de ello habla la cifra de 3.130 víctimas en los últimos meses.
Ante el cerco de investigadores por mitigar el delito, los delincuentes utilizan nuevas tecnologías como las tarjetas E-sim y las plataformas financieras digitales para el traslado de recursos financieros productos de la extorsión.
“La situación empeora la cadena de criminalidad con el hacinamiento que se viene dando no solo en cárceles sino también en las URI y estaciones de policía”, dijo el procurador delegado, quien instó a las autoridades a trabajar en “llave” para mitigar el problema.
Asimismo, Sarmiento urgió a las autoridades hacer un diagnóstico en las 126 cárceles del país para conocer el estado actual de los elementos tecnológicos de control de ingreso y establecer las necesidades de fortalecimiento.
