La prevención del embarazo es una responsabilidad desde los sectores públicos y privados sin tener espera. Con acciones y una estrategia clave para llegar a la población será más fácil bajar los niveles de desempleo, pobreza y sobrepoblación. Teniendo en cuenta que vivir esta etapa antes del tiempo estimado, afecta negativamente el desarrollo personal y dificulta el acceso a una calidad de vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca las repercusiones que esto trae consigo, falta de atención médica, tensiones familiares, explotación laboral, afectación y riesgos en la salud física o emocional.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), el 55% de las madres adolescentes no tienen ningún nivel de educación, siendo este el principal factor de discriminación y vulnerabilidad por enfrentar esta condición. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) afirma que el país cerró el 2018 con el 19.6% de pobreza multidimensional mientras que en años anteriores la cifra estaba alrededor de 17,6%, lo que confirma el incremento de pobreza y desigualdad con el pasar de los años. Sin dejar atrás el proceso de deserción escolar que sigue presentando.
Santander no es la excepción. En 2019, 55 niñas entre los 10 y 14 años quedaron embarazadas. Por ello, como política pública, se trabaja en la promoción de la planificación familiar con programas de educación sexual para adolescentes y jóvenes.
Vivir una sexualidad sana, con garantías que protejan la vida y que no generen limitaciones con el pasar del tiempo, es un deber y un derecho de todos.
