La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra los representantes legales de los Fondos de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), por lo supuestos retrasos en la ejecución de obras en instituciones educativas en Málaga, Santander.

La Segunda delegada para la Contratación Estatal vinculó al expediente a Francisco José Schwitzer Sabogal, Carlos Andrés Salazar Pajoy, Isabel Cristina Herran Enciso, Martha Mogollón Parada y Adriana González, particulares en ejercicio de funciones públicas, quienes al parecer no adoptaron medidas que garantizaran la finalización de los colegios.

La entidad indicó que posiblemente se presentaron irregularidades en la planeación, seguimiento, supervisión y ejecución de las labores a cargo del FFIE, y que a pesar de su importancia las obras que debieron durar un año en promedio siguen sin ser entregadas más de tres años después.

En el mismo sentido, el Ministerio Público señaló que las demoras en los trabajos adelantados en los colegios de los cinco municipios podrían generar mayores costos para el Estado y afectar a la población beneficiaria como consecuencia de una mala planeación contractual.

Con esta investigación y la solicitud de pruebas hecha por el ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.