Se trata del exalcalde del municipio de Encino, José Gabriel Giratá Pico, que ocupó el cargo durante el periodo (2020-2023).

La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por presunto incumplimiento de sus funciones como ordenador del gasto, representante legal y responsable de la contratación, al suscribir un contrato que tendría significativas variaciones en los precios.

El ente de control busca establecer si el exmandatario celebró un contrato de compraventa con el objeto de adquirir insumos de bioseguridad para prevenir y controlar el covid-19, por un valor que superaría los precios del mercado en un 104 %, con lo cual pudo haber afectado las arcas del municipio que representaba y, por ende, los intereses de la comunidad.