El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a las protestas contra el catastro que se han registrado en varias ciudades del país y apuntó contra los gobiernos locales, al asegurar que no son las instancias nacionales las que fijan los aumentos del impuesto predial, sino los concejos municipales, por iniciativa de los alcaldes. En ese marco, pidió a la ciudadanía que denuncie a quienes aprueben tasas altas que afecten a campesinos, pequeños propietarios y hogares de bajos ingresos, mientras se mantienen beneficios para grandes terratenientes y lotes de engorde.

Las movilizaciones se enmarcan en el rechazo de pequeños propietarios, familias de vivienda unifamiliar y sectores campesinos a la Resolución 2057 de 2025, que articula el catastro multipropósito con el Plan Nacional de Desarrollo. Petro reiteró que el gobierno nacional no modifica las alícuotas prediales y que el punto de fricción no está en el catastro en sí, sino en las decisiones locales sobre cómo se gravan los terrenos y qué sectores terminan soportando mayores cargas fiscales.

El mandatario sostuvo que el sistema actual permite que grandes haciendas improductivas y lotes de engorde paguen poco impuesto, mientras que los pequeños propietarios y las familias de estratos 1, 2 y 3 cargan con subidas considerables. En ese contexto, Petro planteó la necesidad de un impuesto predial más progresivo, con tasas más altas para fincas improductivas, lotes de engorde en casco urbano y grandes propietarios, y más bajas para campesinos, pequeños productores y hogares de estratos populares.

Insistió en que el recaudo del predial debe quedar en los municipios y destinarse a servicios básicos como agua potable, educación, salud y mantenimiento de las vías locales, y no convertirse en herramienta para favorecer concentraciones de tierra o desplazar a trabajadores del campo. En un tono claramente político, advirtió que quienes usen el impuesto predial para beneficiar a grandes terratenientes y afectar a los campesinos podrían estar contradiciendo el espíritu del acuerdo de paz, y llamó a la ciudadanía a ejercer control sobre esas decisiones y denunciar ante las autoridades a quienes manejen el recaudo en detrimento de los sectores más vulnerables.