En una grave alerta sobre el estado de la seguridad en Colombia, el presidente Gustavo Petro reveló que más de 62.000 armas de fuego oficiales se encuentran desaparecidas en el país, mientras casi 200 empresas de vigilancia continúan operando sin supervisión efectiva del Estado.
Durante un Consejo de Ministros transmitido desde la Casa de Nariño, el mandatario informó que una investigación liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada detectó la pérdida de 62.664 armas, muchas de las cuales podrían estar actualmente en manos de grupos criminales.
Además, se identificaron 197 empresas de seguridad privada con licencias aún vigentes pero que figuran como inactivas en los registros oficiales, lo que significa que escapan al control de las autoridades. “Tenemos armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”, advirtió Petro.
El informe de la Supervigilancia, dirigido por Yenniffer Parra, también reveló inconsistencias históricas en el manejo de los registros desde 1993, incluyendo la existencia de más de 40.000 armas con licencias que no han sido actualizadas ni verificadas. A esto se suma la existencia de al menos 20.000 armas entregadas durante el gobierno de Álvaro Uribe a grupos paramilitares, las cuales tampoco estarían bajo control estatal.
En respuesta a estos hallazgos, el actual Gobierno ha intensificado los controles. En el último año, se cancelaron 16 licencias de funcionamiento por irregularidades, algunas de las cuales involucraron a funcionarios públicos, incluidos miembros de la actual administración, quienes fueron destituidos y denunciados ante la Fiscalía.
La ofensiva institucional también ha derivado en la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad acusados de estar al servicio de organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Además de las detenciones, se incautaron bienes por más de 1.800 millones de pesos, así como armas, cartuchos y dispositivos electrónicos usados para actividades ilegales.
Según la Supervigilancia, las empresas implicadas habrían alquilado armas a personas con antecedentes penales y facilitado su uso en hechos como la fuga de alias ‘Matamba’. Algunas de estas armas también habrían llegado a manos de reconocidos exparamilitares vinculados al narcotráfico.
El Gobierno reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de control y depuración en el sector de la seguridad privada, con el objetivo de cerrar los canales que han permitido la infiltración del crimen organizado en este sector clave para el orden público.
Fuente: https://www.presidencia.gov.co/
