En Consejo de Seguridad Extraordinario liderado por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado en el que participaron los alcaldes del área metropolitana, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, concluyó con la solicitud al Comité por la Defensa del páramo de Santurbán, aplazar la caravana que estaba prevista para el 11 de septiembre.
Esta petición obedece a la situación de pandemia por la que atraviesa el departamento y el país, poniendo en riesgo la salud de la comunidad y propiciando la propagación del COVID-19.
Igualmente, con las labores de inteligencia realizadas por la Quinta Brigada del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc), se confirmó la ejecución de actos vandálicos que están planeados para realizarse durante la manifestación.
La decisión del mandatario de los santandereanos se basa en la protección de la salud y la vida, derechos constitucionales que están por encima de cualquier otra medida.
“Tuvimos en cuenta tres factores para tomar esta determinación: la coyuntura actual que vive el país, la infiltración de grupos vandálicos dentro de la sociedad y la situación de la pandemia generada por el COVID-19. Debemos garantizar el bienestar de los ciudadanos y la seguridad en el departamento”, afirmó Aguilar Hurtado.
Por su parte el brigadier general de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Luis Ernesto García Hernández agregó: “de acuerdo a la tendencia que se está presentando a nivel nacional, creemos que si se realiza la manifestación se pondría en peligro la integridad de las personas, los bienes públicos, privados y particulares. Por ende, estamos de acuerdo con la medida que ha adoptado el Gobernador”.
Vale la pena mencionar que Mauricio Aguilar Hurtado también ordenó a la fuerza pública redoblar el pie de fuerza en los puntos críticos del departamento y fortalecer el control y la vigilancia en el área metropolitana.
El Gobierno Siempre Santander con anterioridad ha dejado en claro su posición por la protección de todos los páramos y ecosistemas de la región.
Las reuniones y manifestaciones públicas pacíficas son un derecho constitucional, sin embargo, al tener evidencias que confirman la presencia de actos delincuenciales, el Gobernador de Santander haciendo uso de sus facultades, tomó las medidas necesarias para mantener el orden público y proteger la integridad de la comunidad.
