La Veeduría Nacional del partido Colombia Justa Libres presentó una objeción formal ante el gobernador de Santander, MG. (r) Juvenal Díaz Mateus, cuestionando la validez de la terna enviada para la designación del alcalde encargado de Bucaramanga, tras la salida de Jaime Andrés Beltrán Martínez por decisión del Consejo de Estado debido a doble militancia.
La terna, compuesta por Cristian Portilla, Magda Patricia Suárez y Javier Sarmiento Olarte, fue presentada por la coalición “Defendamos BGA”, integrada por los partidos Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Sin embargo, según el oficio radicado el 3 de octubre de 2025, la veeduría del partido alegó presuntas irregularidades en el proceso de conformación, señalando que no se cumplió con los estatutos internos, ni se obtuvo la autorización previa de los órganos competentes del partido.
El gobernador Díaz Mateus confirmó públicamente que recibió la terna y que evaluará los perfiles para designar al alcalde encargado mientras se realizan las elecciones atípicas. En declaraciones a medios, detalló que Portilla fue asesor de Beltrán, Suárez se desempeñó como subsecretaria del Interior, y Sarmiento representa un acuerdo entre Salvación Nacional y Colombia Justa Libres.
La objeción de la veeduría podría derivar en acciones legales, como una tutela, si se considera que la designación vulnera el debido proceso partidario. Mientras tanto, Bucaramanga permanece a la espera de una decisión que garantice la gobernabilidad y respete los principios democráticos.
Este proceso de designación no solo debe garantizar la gobernabilidad de Bucaramanga, sino también el respeto por los principios democráticos que rigen la vida partidaria. La objeción presentada por la Veeduría de Colombia Justa Libres subraya la importancia de que cada paso institucional se ajuste a los estatutos internos y a la legalidad vigente. En momentos de transición, la transparencia, la coherencia y el respeto por los procedimientos son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y preservar la legitimidad de las decisiones públicas. Que esta coyuntura sea una oportunidad para reafirmar el compromiso con una democracia participativa, ética y respetuosa del orden jurídico.
