El reciente Decreto 0572 expedido por el Gobierno nacional ha generado preocupación en el sector inmobiliario colombiano, al modificar las tarifas de autorretención en la fuente con el fin de anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta del año 2026.  Esta medida, según el Ministerio de Hacienda, busca reducir el déficit fiscal del país, que actualmente ronda el 7 % del PIB, y con la que se espera recaudar cerca de siete billones de pesos.

El cambio más significativo afecta directamente las actividades de compraventa, corretaje y gestión de bienes inmuebles.  Desde el 1 de junio, las actividades inmobiliarias (CIIU 6820) verán un aumento en la tarifa de autorretención en la fuente del 1,1 % al 3,5 %, lo que representa una carga tributaria anticipada mucho mayor para quienes participan en el mercado de vivienda.

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) ha manifestado su inconformidad con la medida y solicitó su revocatoria, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que podría acarrear para el sector.  Entre los efectos esperados están una mayor ralentización del mercado inmobiliario, incremento en la retención de operaciones entre particulares y mayores cargas operativas para notarías y fiduciarias.

Otro punto crítico es la reducción del umbral exento de retención en ventas de vivienda, lo que podría desalentar aún más las transacciones. Voces de empresarios, gremios y expertos tributaristas se han unido al llamado para reconsiderar esta decisión que, según ellos, pone en riesgo la estabilidad del sector y el acceso a vivienda en el país.

El panorama para el mercado inmobiliario colombiano se torna incierto, en medio de un intento del Gobierno por asegurar ingresos fiscales, pero que podría frenar una de las actividades económicas clave para la recuperación y el crecimiento nacional.