En las próximas horas la Fiscalía imputará a Nicolás Petro Burgos los cargos de lavado de activos y
enriquecimiento ilícito; y para Vásquez Castro los punibles de lavado de activos y violación de
datos personales, informó la entidad.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías a Nicolás Fernando Petro Burgos y su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez Castro para legalizar su captura por estar presuntamente vinculados a un investigación penal por el delito de lavado de activos.
El juez decretó como legal los procedimientos de captura realizados en Barranquilla (Atlántico) en la mañana del 29 de julio pasado, en los lugares de residencia de cada uno de los hoy procesados. La decisión del juez no tuvo recursos de las partes.
El operativo de captura lo ejecutaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cumpliendo todos los requisitos de ley y garantizando los derechos fundamentales de los investigados. Además, la presentación ante el juez se hizo antes del tiempo limite para iniciar
la audiencia de legalización, y previamente se permitió que los abogados defensores tuviesen
entrevista con sus defendidos y le comunicaran a familiares cercanos su detención.
En la decisión judicial también se impartió legalidad a los allanamientos, registro e incautación con fines de comiso de elementos que serían útiles para la investigación y que adquieren la calidad de material probatorio o evidencia física.
De otra parte, el juzgado consideró que era improcedente la solicitud de la defensa del señor Nicolás Fernando Petro sobre la falta de competencia. Lo anterior, fue considerado como un comportamiento lesivo de ese derecho a la libertad que tiene su defendido, pues sería extender su privación de la libertad promovida por la defensa.
Por el contrario, el juez reafirmó que se cumplieron todos los requisitos constitucionales y legales en el procedimiento y los resultados, y destacó la actitud proactiva de la Fiscalía para legalizar desde ayer todo, y consideró que hubo exceso de garantías por parte del ente investigador.
