El Hospital Universitario de Santander quedó en el centro de la polémica tras la visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió que está dispuesto a intervenir la institución si no se cumple el acuerdo de formalización laboral y si no se ejecutan los millonarios recursos que el Gobierno destinó para mejorar las condiciones del personal y los servicios del centro asistencial. La visita se realizó en Bucaramanga, en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y marcó un fuerte llamado de atención a las directivas del HUS y a las autoridades regionales.
Durante el recorrido por el hospital, Jaramillo cuestionó la falta de resultados pese a que la Nación comprometió recursos por decenas de miles de millones de pesos, condicionados precisamente a la formalización de trabajadores que hoy continúan vinculados bajo esquemas de tercerización y precariedad laboral. El jefe de la cartera de Salud fue enfático en que, si no se avanza en ese proceso, podría ordenar la intervención del HUS y exigir la devolución de parte del dinero ya girado, al considerar que no se está cumpliendo con el propósito para el cual fue asignado.
El ambiente se tensó aún más por la sanción cercana a los 2.900 millones de pesos que el Ministerio de Trabajo impuso al hospital por incumplimientos reiterados en materia laboral, tras años de mesas de negociación y compromisos no honrados con el personal. Desde esa cartera se reiteró que el castigo económico busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la tercerización y la violación de derechos de cientos de empleados en uno de los hospitales públicos más importantes del país.
Jaramillo no solo habló de cifras y resoluciones: también denunció la presencia de “corrupción y politiquería” en la administración de hospitales públicos y advirtió que no permitirá que estas instituciones sigan siendo botines burocráticos. Según el ministro, hay cerca de 2.000 trabajadores en el HUS y, pese a las mesas de diálogo, muchos sindicatos han sido excluidos o perseguidos, lo que a su juicio demuestra falta de voluntad real para cambiar las prácticas internas.
Desde la administración del Hospital Universitario de Santander se argumenta que la formalización masiva de contratos tendría un impacto financiero que pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad y que además existen limitaciones por la vigencia de la Ley de Garantías, que restringe cambios en la planta de personal en determinados periodos. Directivos del centro asistencial también señalan que parte de los recursos mencionados por el Gobierno corresponden a pagos atrasados por la atención a población vulnerable y migrante, condicionados desde Bogotá exclusivamente al proceso de formalización.
El Gobierno nacional fijó como plazo para que el hospital presente una ruta clara de reducción de la tercerización y formalización laboral el mes de julio, bajo la advertencia de que la multa de casi 3.000 millones de pesos se mantendrá y de que la eventual intervención sigue sobre la mesa si no hay cambios de fondo. Con este ultimátum, el HUS se convierte en un símbolo del debate nacional sobre el uso de recursos públicos en salud, la estabilidad laboral del talento humano y el papel de la política en la gestión de los hospitales del país.
