La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este miércoles al presentar su más reciente informe sobre el acceso a medicamentos en Colombia, revelando una crisis estructural que está obligando a miles de pacientes a suspender tratamientos vitales, incluso en casos de enfermedades crónicas, cáncer y trasplantes.
El informe, titulado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, documenta que el 90% de los pacientes encuestados no recibió sus medicamentos de forma completa oportuna, y que solo el 48% logró resolver su situación entre uno y tres meses después del reclamo.
“Estamos frente a una regresividad alarmante del derecho a la salud. Hay personas que están dejando de vivir porque no reciben lo que el sistema les prometió: medicamentos esenciales para seguir respirando, caminando, sobreviviendo”, advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Entre enero de 2024 y julio de 2025, las tutelas por salud aumentaron un 34,1%, y las reclamaciones por medicamentos y tratamientos crecieron en igual proporción. Además, más de 685.000 quejas han sido radicadas este año ante la Superintendencia de Salud, lo que equivale a más de 2.200 denuncias diarias.
La situación es aún más crítica en regiones como Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, donde las barreras de acceso se agravan por la dispersión geográfica, la baja conectividad y la falta de infraestructura.
El informe también revela que algunos usuarios están destinando hasta el 90% de sus ingresos para cubrir medicamentos que deberían ser entregados por el sistema, lo que profundiza la desigualdad y la exclusión.
La Defensoría propuso una reforma estructural del sistema de salud, una mejor coordinación institucional y el fortalecimiento de la gestión administrativa y judicial para garantizar el derecho a la salud sin discriminación ni dilaciones.
La entidad instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para evitar que esta crisis siga cobrando vidas y vulnerando derechos fundamentales.
