En la región del Magdalena Medio, la agudización de la crisis humanitaria representó para el año 2024 un aumento de los casos de homicidios en municipios como Barrancabermeja, donde entre el mes de enero y el 10 de diciembre la cifra fue de 143 casos, esta cifra corresponde al 116% en comparación con el total del año 2023.
En reciente informe entregado por La fundación de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), afirma que más del 50% de las víctimas corresponden a jóvenes de entre 18 y 28 años. Asimismo, en municipios como Yondó (17), San Pablo (33), Puerto Berrío (28), los homicidios y atentados no cesan. Por el contrario, la política de la muerte se ha normalizado en la región.
De igual manera, la incursión paramilitar en distintas zonas de la región generó desplazamiento forzados –individuales y colectivos–, especialmente en las subregiones del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio Santandereano. Lo anterior, sumado a las amenazas, los confinamientos, la imposición de “normas de control social”, el reclutamiento forzado, incluyendo menores de edad, y la desaparición forzada junto con la multiplicidad de violaciones que significa la previa aprehensión, detención y secuestro.
Otra manifestación de la crisis humanitaria fue la ejecución de 3 masacres con un total de diez (10) víctimas, entre las que se encuentran 3 menores de edad –12, 15 y 16 años– en el corregimiento de Puerto Olaya del municipio de Cimitarra, Santander, y 3 líderes comunales de la vereda Lejanías del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar. Este último hecho se suma a las recurrentes afectaciones contra los liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos.
En el mes de abril, fue asesinado en el municipio de Santa Rosa del Sur el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), Narciso Beleño. En el mes de agosto, fue asesinado el líder campesino e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza del municipio de Cantagallo, Marco Fidel Jiménez. Y así, una serie de hechos que imponen miedo a la defensa y la permanencia en el territorio de las comunidades, las organizaciones sociales y sus liderazgos.
Los anteriores hechos, denotan que, pese a los múltiples esfuerzos de avanzar en la política de Paz Total, y el desmonte de grupos herederos del paramilitarismo, los resultados son insuficientes. Sin duda alguna, es imperativo implementar estrategias que permitan la protección de la población civil, el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario -DIH-.
Urge, desde el Gobierno Nacional, la implementación de la “política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales […] y sucesoras del paramilitarismo, así como una estrategia territorial para la defensa de la vida, la dignidad humana y la permanencia en el territorio.
