Como si se tratara de una retaliación por el incómodo momento vivido en 1819, cuando el ingeniero militar Agustín Codazzi arribó a Bogotá para ofrecer sus servicios al entonces presidente de la República, Simón Bolívar, pero se encontró con la desatención del vicepresidente Francisco de Paula Santander; se calificó el trato que reciben diferentes alcaldes de nuestro departamento por parte de la autoridad cartográfica del país.
Esta fue la conclusión a la que llegaron los diputados de la Asamblea de Santander, luego del debate de control político que pretendía dar respuesta a las reclamaciones de los municipios de Oiba, Guadalupe y Suaita; envueltos en una diferencia limítrofe que no permite definir la conformación de sus territorios y que afecta de manera social, política y económica a sus comunidades. Situación que a la fecha no ha sido resuelta por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Uno de los proponentes de la sesión en la Duma, fue el diputado Óscar Sanmiguel Rodríguez, quien hizo un fuerte reclamo por la poca atención que el IGAC presta a las diferentes convocatorias que se hacen desde la corporación para tratar los asuntos de su naturaleza institucional.
“Aquí hay tres municipios tratando de definir su situación limítrofe, pero desafortunadamente siempre son las entidades nacionales las que hacen caso omiso a estos debates porque nosotros como Asamblea Departamental, no somos sujetos de citación”, indicó Sanmiguel Rodríguez.
Esta afirmación fue respaldada por Elberto Alirio Reyes Silva, alcalde de Guadalupe, al reclamar que su municipio sufre las consecuencias por la falta de delimitación geográfica, debido a que, en el último censo de población hecho en el país, se redujo el número de sus habitantes por lo que se afectó la asignación de recursos por parte del Estado en este concepto.
“Nuestro municipio está perdiendo cerca de 643 hectáreas de territorio y esta es la tercera ocasión que traemos este tema ante la Asamblea Departamental en busca de una solución que el IGAC no ha querido resolver por ningún medio”, agregó el burgomaestre.
Teniendo en cuenta la falta de interés por parte del ente administrativo por remediar esta situación y en busca de alternativas que permita avanzar en la resolución de las diferencias, desde la Gobernación de Santander, argumentaron la existencia de la Ordenanza 063 de 1968, la cual define los linderos de los municipios que conforman el departamento; al tiempo que exhortó a los alcaldes a elevar sus peticiones de deslinde de manera formal ante la autoridad cartográfica. Así lo manifestó Sergio Andrés Agón Martínez, Director de Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación.
Por otra parte, el funcionario advirtió que, en la actualidad, son 65 los municipios del departamento los que adelantan procesos de delimitación territorial, no solo en sus límites internos, sino también con regiones vecinas como los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, y en los que ha sido prácticamente imposible obtener una respuesta por parte del IGAC.
Ante esta situación, los diputados Giovanni Leal Ruíz y Ferley Sierra Jaimes, solicitaron a la administración departamental hacer un mejor acompañamiento a los alcaldes de los municipios afectados por la apatía del IGAC e insistir en las gestiones cuando se llegue al punto de no poder avanzar por cuenta de la burocracia central.
