El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, expuso a los alcances del plan decenal para nacionalizar el sistema penitenciario del país y reforzar la planta de guardianes de manera que permita ser más eficiente la custodia de 130.000 internos que hay en las cárceles de Colombia.

“Nacionalizar el sistema penitenciario es la solución que el país debe construir; es una idea que va más allá de los 3 años que nos queda de Gobierno. Lo que hemos visto en la realidad es que alrededor de 130.00 personas que están privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de Colombia, unos 100.000 están a cargo de la nación, es decir, del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y de Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), y los otros 30.000 están a cargo de los municipios, pero muy pocos municipios tienen cárceles y están utilizando las estaciones de Policía para esa función”, indicó el ministro.

Es por ello, que el Gobierno Nacional enriquece proyecto de ley sobre humanización en las cárceles para presentarlo nuevamente en la próxima legislatura.

Las estaciones de Policía no cumplen con las condiciones arquitectónicas, técnicas ni logísticas para alojar personas privadas de la libertad y es la nación la que prácticamente está sosteniendo a los 30.000 privados de la libertad que les corresponde a los municipios, señaló igualmente.

“Las estaciones de Policía se han convertido en bodegas de seres humanos, además, las estaciones de Policía son de la nación, no de los municipios. ¿Y quiénes están cuidando a esos internos? Pues los policías, que son de la nación, no del municipio. ¿Y quién los está alimentando? La Uspec, que es de la nación.  La mayor parte de los municipios no tienen los recursos para asumir esa obligación; es la Nación la que está atendiendo también una buena parte de esos 30.000 internos que estarían a cargo de los municipios”, aseveró.

El ministro Osuna enfatizó que “la solución del plazo mediano es nacionalizarlo todo, que de alguna manera es sincerarnos, porque la verdad es que esto lo asume la nación, no solamente los 100.000 que ya están en el INPEC, sino también los 30.000, tanto los condenados como los sindicados”.

El presidente Petro anuncia la creación de una comisión de alto nivel para elaborar proyecto de reforma a la justicia que se presentará al Congreso.

El ministro también destacó que mediante este plan los policías que en la actualidad están cumpliendo función de cuidar internos en las estaciones serán destinados a su misión constitucional de proteger a la ciudadanía en las calles.

“La Policía está hecha para cuidar a los ciudadanos, para atender y proteger los derechos de los ciudadanos, no para cuidar cárceles. En las formaciones, en las escuelas de Policía no enseñan custodia de presos. Eso hay que saber hacerlo”, sostuvo.

Más guardianes

El ministro Osuna reveló que el plan decenal también incluye el aumento del número de guardianes del INPEC.

“Hoy en día en Colombia tenemos alrededor de 15.000 guardias penitenciarios. Según las predicciones de lo que debe ser la proporción entre número de presos, número de guardianes, horarios de trabajo, deberíamos tener alrededor de 30.000 guardianes, o sea, el doble. Entonces, hay que ir aumentando ese personal. Pasaremos de 15.000, inicialmente, a 18.000, creo que es una meta para el 2024. Después intentemos pasar a 22.000, de tal manera que, en ese plan final que estamos construyendo, podamos en este plazo de 10 años llegar a un Inpec que esté en alrededor de los 30.000 a 32.000 funcionarios penitenciarios”, recalcó.

Igualmente, precisó que para que haya más seguridad y posibilidades de resocialización en las cárceles, debe haber un guardián por cada 10 personas privadas de la libertad.  “Hoy tenemos uno por cada 17.  Entonces, sí tenemos que avanzar sustancialmente en eso”, concluyó Osuna.

El titular de la carteta de Justicia fue explícito al afirmar que esta solución no es inmediata, sino a 10 años.
“Estamos pensando en un plan decenal, es decir, que en 10 años se pueda hacer esa transformación y que sea la nación la que asuma todo el sistema penitenciario.  Eso implica, claro, modificar los presupuestos, modificar las cargas. Así se pueden hacer más economías de escala”, concluyó.