En un encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo, hospitales públicos y privados de todo el país advirtieron sobre la grave crisis financiera que atraviesa el sector salud, la cual podría derivar en el cierre de servicios esenciales y en el incumplimiento de obligaciones laborales con el personal médico.
La reunión fue liderada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y contó con la participación de los tres principales gremios hospitalarios, así como de más de 15 gerentes de centros médicos provenientes de diversas regiones. Durante el encuentro, se expusieron cifras y análisis que evidencian los crecientes obstáculos operativos y financieros que enfrentan las instituciones prestadoras de salud.
Uno de los puntos más críticos señalados fue el atraso y el déficit en los recursos transferidos por las EPS, situación que ha elevado el nivel de endeudamiento de los hospitales, obstaculizando el pago a proveedores, provocando el cierre de servicios y camas hospitalarias, e impidiendo el pago de salarios, honorarios y seguridad social al personal de salud.
Otro aspecto que agrava la situación es la restricción en el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales no pueden destinarse a cubrir deudas de años anteriores. Además, el giro directo de recursos se está realizando por debajo del porcentaje establecido, y nuevas exigencias informáticas están complicando la facturación, afectando el flujo de caja.
La intervención y liquidación de entidades del sistema de salud fue señalada como el problema más alarmante. Según los asistentes, esta situación refleja deficiencias en la gestión administrativa y tiene efectos directos sobre la oportunidad en los pagos y el reconocimiento de las deudas.
La preocupación va más allá del plano financiero. Los representantes hospitalarios advirtieron que estas condiciones están afectando la atención médica, especialmente en zonas rurales o apartadas donde las barreras geográficas y de transporte agravan la situación. En algunos casos, han puesto en riesgo la vida de pacientes, incluidos menores de edad.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con todos los actores del sistema de salud, con el objetivo de buscar soluciones urgentes y efectivas que garanticen el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.
