La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, mostró su preocupación por el recrudecimiento de la violencia e inseguridad en el país, durante la instalación del III Congreso de Justicia Transicional que se realiza en la ciudad de Pereira.
La jefe del Ministerio Público destacó que se vive una «situación compleja» por el aumento en los hurtos, secuestros y extorsiones; candidatos en pleno proceso electoral amenazados; líderes sociales asesinados, constreñimiento al elector y gobernantes que no pueden ejercer desde sus funciones desde sus lugares de origen.
En el evento, hizo un llamado para que el trabajo realizado en estos seis años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sirvan de guía para futuros procesos de paz. «Debemos construir sobre lo construido y aprender de los errores para evitar situaciones que resulten lamentables, dada la coyuntura actual, donde, a pesar de existir un cese al fuego vigente entre el Gobierno Nacional y el ELN, seguimos recibiendo noticias de amenazas y alteraciones al orden público».
La Procuradora resaltó que, para poder adelantar un proceso de paz, se necesita una voluntad clara y contundente, que se refleje en acciones de paz. «No podemos permitir que reviva aún más la violencia y que se sigan vulnerando los derechos humanos de la población colombiana».
En su discurso hizo un sentido homenaje a las personas, familias y comunidades que han sido víctimas del conflicto armado; a los líderes, lideresas y firmantes del acuerdo de paz, y a los colombianos que vieron cegadas sus vidas y afectadas su honra, en este periodo de recrudecimiento de la violencia y ruptura del tejido social.
«Debemos como sociedad, tanto desde la ciudadanía como desde las instituciones del Estado, trabajar conjuntamente para evitar la repetición de la historia violenta y transitar efectivamente hacia una sociedad en paz, alcanzando los fines esenciales del Estado social de derecho», reflexionó.
En su intervención, fue enfática en reiterar que la Procuraduría solicitó la apertura de un macrocaso 11, exclusivo sobre violencia sexual, violencia reproductiva y violencias basadas en género en la Jurisdicción Especial para la Paz. «Por medio de una acción de tutela, logramos que se ampararan los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, al conseguir que la JEP concediera la tutela y ordenara dar apertura al macrocaso en esta materia».
Finalmente, aseguró que la sociedad «no puede olvidar que la violencia se ensañó particularmente con las poblaciones vulnerables de los territorios más apartados del país, con los niños, niñas, adolescentes, mujeres, la población con orientación sexual e identidad de género diversas, los campesinos, las minorías étnicas y la población con discapacidad».
Y recalcó que las violencias perpetradas sobre la población «responden a prácticas arraigadas estructuralmente que suelen ser invisibilizadas y agudizadas por las dinámicas del conflicto armado, situación que hemos evidenciado durante los diferentes momentos de intervención», concluyó.
