Con el interés de avanzar en su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más atroces ocurridos, así como de definir la situación jurídica de los máximos responsables y de quienes no lo sean, la JEP ha puesto en marcha una estrategia interna para imprimir celeridad a los 11 macrocasos que investigan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos durante el conflicto armado.
Esta estrategia responde a la necesidad urgente de asegurar que los responsables rindan cuentas ante las víctimas, la sociedad y el país, al mismo tiempo que les permita resolver su situación jurídica para que puedan rehacer plenamente sus vidas en sociedad. Conscientes de los desafíos inherentes a las investigaciones de crímenes masivos, la JEP ha diseñado un plan integral que optimiza los recursos, incorpora nuevas tecnologías y refuerza la capacitación continua de los equipos.
Como parte de este plan de acción, y a través del Acuerdo de Órgano de Gobierno (AOG) No. 002 de 2025, se han establecido lineamientos claros para implementar una estrategia interna que agilice los procesos de instrucción. En ese sentido, se estableció que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) colaborará de manera coordinada con la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).
Esta articulación con la UIA, principalmente, funcionará a partir de grupos de tareas especiales, encargados de recolectar elementos materiales probatorios, evidencia forense, información legalmente obtenida y otros medios de prueba, todo de acuerdo con las técnicas investigativas propias de la policía judicial.
Estos lineamientos son fundamentales para delimitar y orientar el cierre de las labores de instrucción. El enfoque busca optimizar los resultados dentro de la estricta temporalidad que establece la JEP. De este modo, no solo se implementan acciones para agilizar los procesos, sino que también se garantiza un acceso eficiente a la justicia, respetando los derechos de las víctimas y ofreciendo seguridad jurídica a los comparecientes, todo dentro del marco de la Justicia Transicional Restaurativa.
En ese sentido, por ejemplo, el AOG estableció que, mientras la UIA adelanta la fase de indagación sobre los hechos investigados y priorizados en los macrocasos, la Sala de Reconocimiento de Verdad continuará trabajando conjuntamente en la identificación de los hechos y conductas, así como en la determinación de los máximos responsables, para proceder con la formulación de la imputación en su contra.
Adicionalmente, a solicitud de la SDSJ, (encargada de definir la situación jurídica de aproximadamente nueve mil comparecientes), los fiscales de la UIA apoyarán la realización de las audiencias de aporte a la verdad de dichos comparecientes que transitan la ruta no sancionatoria para resolver su situación jurídica de manera definitiva. Asimismo, personal de la UIA llevará a cabo actividades de contrastación de los regímenes de condicionalidad.
Estos lineamientos internos también contemplan una estrategia para agilizar la activación de la ruta adversarial, destinada a los comparecientes que no reconocen responsabilidad por los crímenes imputados. Antes, la UIA solo recibía estos casos cuando la Sala de Reconocimiento expedía el Auto de Determinación de Hechos y Conductas. Ahora, el AOG introduce la figura de ‘remisiones adelantadas’, que permite remitirlos en cualquier etapa del proceso judicial, siempre que haya una manifestación expresa de no reconocimiento de responsabilidad.
Con este acuerdo, la JEP refuerza su capacidad institucional, adecuando la arquitectura, la articulación efectiva y la estrategia coordinada necesarias para cumplir con su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado. Estamos comprometidos con un trabajo conjunto y planificado que permita darle un cierre jurídico definitivo a lo ocurrido, al mismo tiempo que se proporcionen herramientas a la sociedad para que la tragedia del conflicto armado no se repita.
