Un juez con función de control de garantías judicializó a seis integrantes de la firma Qbica Constructores, quienes se habrían apropiado de 4.800 millones de pesos que más de 200 familias invirtieron en el proyecto de viviendas de interés social Torres del Campo, en el municipio de Piedecuesta (Santander).
La fiscalía general de la Nación aportó pruebas que lograron recopilar desde el 2012 cuando dicha firma comenzó la promoción de los apartamentos en el barrio Barro Blanco, con un costo de 45 millones, los cuales serían entregados en el 2014, convirtiéndose en una interesante solución de vivienda.
Sin embargo, la constructora no cumplió con lo que había ofrecido afectando a centenares de personas que habían invertido su dinero en el proyecto que nunca fue entregado.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron por orden judicial este 7 de marzo a José Julián Silva Bueno y Juan Camilo Corrales, representantes legales de la constructora para la época de los hechos; Jaime Rafael Galvis Vásquez, asesor jurídico y Fredy Augusto Amaya, accionista y presentante legal desde el 2018 hasta el 2023.
La Fiscalía los imputó por los delitos de estafa agravada, urbanización ilegal y concierto para delinquir. Por decisión del juez los cuatro fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por su parte, Elizabeth Mantilla, directora de ventas y Gloria Amparo Mojica, ejecutiva de ventas, cumplirán la medida de aseguramiento en su domicilio.
